La revista Justicia y Derecho, fundada el 4 de junio de 2003, es una publicación científica judicial, editada por el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba. Ofrece un espacio científico arbitrado para la socialización de artículos especializados, vinculados con la ciencia jurídica, en particular, la impartición de justicia. Publica contribuciones originales e inéditas en español e inglés, con una frecuencia semestral, dirigidas, esencialmente, a magistrados, jueces y demás trabajadores de los tribunales cubanos; también, a otros juristas, estudiantes y académicos del Derecho, y profesionales de diversas áreas del ámbito nacional y foráneo, cuyos resultados de investigación contribuyan a la mejora continua de la actividad judicial. La recepción de las contribuciones, el procesamiento editorial de estas y la publicación están exentos de costos, bajo el modelo de acceso abierto no comercial, sujeto a una licencia creative commons Reconocimiento/Atribución no comercial CC-BY-NC 4.0. Durante sus primeros 20 años de existencia, la revista adoptó el formato impreso (ISSN: 1810-0191, RNPS: 0504) y, luego, debutó, además, en línea (ISSN e: 3105-1170, RNPS: D-000016, Tomo I, Folio 16). Aplica el protocolo OAI-PMH (Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) que permite la interoperabilidad con otros sistemas de información, mediante una eficiente recolección de metadatos en los idiomas de publicación. Sus prácticas editoriales toman como referencia reconocidos estándares internacionales, en especial, los promovidos por el Comité de Ética de las Publicaciones (Committee on Publications Ethics, COPE). Más del 90% de los contenidos incluidos en cada entrega corresponden a textos científicos.
La Fórmula de Radbruch en la autorización de la eutanasia
El presente artículo analiza, desde una perspectiva iusfilosófica, el alcance y contenido de la Fórmula de Radbruch y la pertinencia de su implementación en sede judicial. Además, estudia el concepto de eutanasia y la regulación que se ha dado a esta institución en el Derecho comparado y en el patrio. Finalmente, evalúa la posibilidad de aplicar la Fórmula de Radbruch en los tribunales cubanos, específicamente, para autorizar el tránsito hacia la muerte digna a pacientes en estado terminal.
Derechos de autor 2026 Justicia y Derecho https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Derechos procesales de las personas adultas mayores
Los derechos procesales de las personas adultas mayores se refieren al conjunto de garantías, salvaguardas y mecanismos legales destinados a asegurar que las personas de 60 o más años puedan participar, de manera plena y efectiva, en los procedimientos judiciales y administrativos, ejercer sus derechos y recibir un trato igualitario y digno durante todo el proceso. Estos derechos se sustentan en principios fundamentales como la igualdad, la accesibilidad, la no discriminación, los ajustes razonables, el respeto a la autonomía y la protección de la dignidad.
Acceso a la justicia e inteligencia artificial: ¿Low cost?
El texto analiza, críticamente, la relación entre la inteligencia artificial y el acceso a la justicia en el contexto posmoderno, caracterizado por la inestabilidad social, la aceleración tecnológica y la pérdida de referentes éticos. El autor plantea que la incorporación de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia, transparencia y celeridad de los procesos, pero también introduce riesgos vinculados con la deshumanización, la dependencia digital y la posible afectación a la independencia judicial. Se advierte sobre la necesidad de mantener una supervisión humana permanente en la utilización de la inteligencia artificial y evitar delegaciones impropias de la función jurisdiccional. Asimismo, se subraya que la prudencia, la ética y la centralidad del ser humano deben prevalecer sobre la lógica algorítmica, para preservar la esencia axiológica del Derecho. En este sentido, el autor propone una reflexión sobre el equilibrio entre innovación tecnológica y valores republicanos, al recordar que la justicia solo puede sostenerse sobre una base moral y humanista.
La potestad reglamentaria en el Estado de Derecho: Presupuestos y control jurisdiccional
La prolija actividad reglamentaria de la Administración pública sitúa en primer plano la necesidad de que los ciudadanos cuenten con garantías suficientes para que ese poder opere según los márgenes constitucionales. La comprobación de la legalidad de los reglamentos se erige, por tanto, en una condición ineludible para la realización de los postulados del Estado democrático. El control judicial procura verificar que la potestas reglamentatis se ejerza con sujeción al imperio de la ley y desterrar así todo indicio de arbitrariedad. Para ello, se requiere repasar la naturaleza jurídica de la actividad administrativa, sus presupuestos, características esenciales y el marco en el cual ha de conducirse la Administración pública. El presente trabajo se enfrasca en tal cometido. A la par, sistematiza los presupuestos teóricos del reglamento y sienta pautas para el perfeccionamiento de los mecanismos de enjuiciamiento.
Maternidad subrogada y adopción: Igualdad y tutela judicial efectiva a debate
El texto analiza el tratamiento jurídico de la gestación subrogada en España, donde esta práctica no está permitida. A pesar de la nulidad de los contratos, se examina cómo la jurisprudencia prioriza el interés superior del niño, su derecho a la identidad y a una vida familiar, en particular por medio de las sentencias 835/2013, del Tribunal Supremo, y 28/2024, del Tribunal Constitucional. Para inscribir la filiación en el Registro Civil, se establece que deben utilizarse las vías ordinarias del ordenamiento español: la reclamación de la filiación paterna biológica (cuando el varón comitente sea el progenitor genético) y la constitución de un vínculo adoptivo por parte de la madre de intención, siempre que se acredite la existencia de un núcleo familiar estable y consolidado, tal como refuerza la Instrucción de 28 de abril de 2025.
Justicia sostenible y prevención especial positiva en el Derecho penal económico
La justicia sostenible se presenta como un paradigma del sistema penal que lo dota de mayor eficacia en distintos contextos. Esta perspectiva propone integrar principios que prioricen la reparación del daño, la prevención y la reinserción social. En ese marco, la prevención general positiva refuerza la confianza en el orden normativo mediante sanciones efectivas, especialmente, en el Derecho penal económico, en el que la frecuente impunidad merma la confianza ciudadana. Asimismo, la prevención especial positiva ofrece una visión restaurativa funcional al castigo, orientada a la transformación del infractor, sea persona física o jurídica. Su implementación, por conducto de medidas estructurales, programas de cumplimiento normativo y procesos restaurativos, favorece la cultura empresarial transparente y la sostenibilidad penal, y fortalece el sistema en el ámbito del Derecho penal económico. De esta forma, se consolida un modelo más racional, eficiente y humanista, que refuerza, a partir de la justicia sostenible, el Estado de Derecho.
La tutela judicial ante la violencia vicaria: Maltrato institucional hacia madres e hijos/as
Este trabajo analiza la violencia vicaria como una de las formas más graves de violencia de género, caracterizada por el uso de los hijos e hijas como instrumentos de daño hacia la madre. Se estudia el marco legislativo español e internacional, con especial atención a la tutela judicial efectiva y las prácticas que reproducen maltrato institucional y revictimización. Asimismo, se examinan las consecuencias psicosociales en mujeres e hijos/as y la distancia entre la normativa y su aplicación real. Finalmente, se presentan propuestas orientadas a reforzar la protección judicial y garantizar una justicia sensible, integral y eficaz para las víctimas.
La tutela judicial a grupos en condición de vulnerabilidad
Dadas las transformaciones que, desde fines del siglo xx, se han experimentado en el sistema de tutela jurídica de los derechos humanos, el presente artículo se propone describir la postura que el Estado argentino ha desarrollado para garantizarlo, con énfasis en la protección de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, se procedió al desarrollo de una labor descriptiva, de índole cualitativa que, valiéndose de la recopilación documental y normativa como principales instrumentos de recolección de datos, permitió no solo conocer la evolución de la lucha reivindicativa de los derechos humanos, en el plano internacional, sino también el modo en que los representantes del Estado argentino recibieron dicha influencia y la plasmaron en la conformación de un sistema normativo de protección de los denominados grupos vulnerables. Tras la labor efectuada, se verifica que, en diálogo con las transformaciones acaecidas a escala mundial, Argentina ha implementado un proceso de incorporación progresiva de leyes, orientadas a mejorar el acceso a la justicia y a reducir desigualdades estructurales. Los resultados evidencian que, aun cuando se han generado herramientas normativas importantes, persisten desafíos, lo que exige repensar las estrategias estatales para garantizar una tutela jurídica inclusiva y efectiva.
Determinación de la responsabilidad penal por hechos realizados por la inteligencia artificial
Los desafíos que plantea la determinación de la responsabilidad penal por hechos lesivos cometidos por sistemas de inteligencia artificial son objeto de análisis en el presente artículo. A partir de la distinción entre una dimensión tecnológica débil: previsible y controlable por humanos, y una fuerte, con aprendizaje autónomo, se examina la insuficiencia de los modelos tradicionales de imputación penal, como la autoría mediata o la responsabilidad por el producto defectuoso, para resolver los problemas que plantea la inteligencia artificial. El texto explora las propuestas de la Unión Europea, centradas en el control humano y la gestión de riesgos; debate acerca de la posible creación de una personalidad electrónica para sistemas autónomos y concluye que, si bien el marco actual prioriza la supervisión humana, la evolución hacia IA más autónomas podría exigir una reconceptualización de la teoría del delito y la responsabilidad penal.
Las decisiones judiciales en tiempos de inteligencia artificial
La inteligencia artificial se ha establecido de forma cotidiana y alcanza todos los rincones de la existencia humana: trabajo, cultura, ocio, salud están regidos, sin que a veces se tenga conciencia de ello, por la inteligencia artificial. La administración de justicia, y los jueces y magistrados en sus competencias jurisdiscentes no escapan a este fenómeno. En el presente trabajo se exponen conceptos que permiten entender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y cómo se utiliza por los tribunales españoles. Se ponen de relieve las ventajas que la implantación de herramientas de inteligencia artificial trae a una justicia sobrecargada de trabajo y con medios insuficientes, pero también se subrayan las amenazas que proyecta contra el proceso y las garantías procesales. En ese escenario, la autora explora, desde la perspectiva de la normativa comunitaria y española, si es posible, hoy por hoy, que las herramientas de inteligencia artificial sustituyan al humano juez y, en su caso, los pros y contras de esta hipotética sustitución. Se ofrece un análisis jurídico-doctrinal del uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia hispana. Se parte de una revisión normativa y del estudio de la doctrina reciente, en la que se identifican usos admisibles.
La aplicación de la inteligencia artificial a la justicia
La inteligencia artificial ha llegado para revolucionar la realidad social y, en particular, el ámbito del Derecho, con un amplio campo de acción en el espacio jurisdiccional. Es cierto que la inteligencia artificial puede constituir una valiosa herramienta de apoyo para la generación de soluciones jurídicas en un marco de productividad y aprendizaje continuo en la optimización de tareas rutinarias y de orden cuantitativo, y que puede llegar a reducir la mora judicial y la duración de los procesos. Sin embargo, aquí se examinan los graves riesgos que entraña un mal uso de esa herramienta en la administración de justicia. Se apela a mantenerse vigilantes ante posibles abusos o extralimitaciones de esta, que puedan poner en entredicho las exigencias o los valores morales básicos de la sociedad hasta el punto de provocar un cambio perverso de paradigma antropológico.
¿Inteligencias enfrentadas? Una reflexión sobre la justicia
El presente trabajo aborda críticamente la creciente inserción de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico a partir de la pregunta ¿qué ocurre con el juicio cuando la decisión tiende a convertirse en cálculo? Se sostiene que tal sustitución supone una alteración del sentido mismo del Derecho. La automatización introduce nuevas herramientas y transforma las condiciones bajo las cuales se comprende, se argumenta y se decide jurídicamente. Así, se desplaza de modo progresivo al sujeto responsable de la decisión. Desde una perspectiva crítica, se defiende que juzgar no equivale a procesar información ni reconocer patrones, sino a ejercer una forma de razón práctica que integra interpretación, ponderación de principios y responsabilidad frente a otros. Esta dimensión deliberativa, inseparable de la experiencia jurídica, no puede reproducirse mediante sistemas carentes de conciencia e imputabilidad moral. El problema, por tanto, consiste más que en determinar si las máquinas pueden imitar ciertas operaciones cognitivas, en esclarecer si una justicia sin sujeto sigue siendo reconocible como tal.
Claves éticas de la impartición de justicia en Iberoamérica: Independencia, imparcialidad e integridad
La Cumbre Judicial Iberoamericana ha acertado al escoger la ética judicial como ámbito privilegiado de la cooperación internacional porque ha reforzado este mecanismo de legitimación del ejercicio de la función judicial, ha subrayado la importancia de los principios y las virtudes judiciales, y ha impulsado la interpretación institucional de la ética aplicable a los jueces. Con la adopción del «Código iberoamericano de ética judicial» (2006) se facilitó la adopción de códigos éticos donde no los había y se ayudó a vencer las suspicacias hacia este procedimiento de control. La codificación de principios y virtudes ha permitido una mejor sistematización de —y una mayor sensibilidad hacia— aspectos que el más tradicional positivismo había desdeñado, en relación con la independencia de los jueces, como impermeabilización hacia cualquier injerencia externa; la imparcialidad, como manifestación de neutralidad y equidistancia del juez respecto a las partes; o la integridad, cual probidad en la conducta del juez que infunda confianza de los ciudadanos en el poder judicial. La interpretación institucional es necesaria para mantener los códigos en tanto instrumentos vivos que orientan a los jueces en la resolución de dilemas éticos cotidianos trascendentes en su vida profesional; labor desarrollada por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
Comisión Iberoamericana de Ética Judicial
La legalidad ejecutiva y su actual manifestación en Cuba
El presente estudio aborda el principio de legalidad y sus expresio­nes en el ámbito de la ejecución de las penas privativas de libertad (legalidad ejecutiva), con especial hincapié en las garantías genera­les y penitenciarias a que él conlleva, para hacer efectivo el respeto a la dignidad y los derechos de las personas sancionadas. También, se incluyen valoraciones sobre el cumplimiento del citado principio en el contexto penitenciario cubano actual, los avances logrados y las limitaciones que aún persisten, según el régimen jurídico vigen­te, lo que permite argumentar propuestas concretas para transfor­mar dichas barreras.
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La ISO 9001:2015 en la impartición de justicia cubana
Para compulsar la función judicial con las exigencias que impone este servicio público, no basta con que los jueces conozcan la ley y la interpreten; es necesario, además, dotar el desempeño de estos de instrumentos que persigan ese fin. Contextualizar la labor que realizan los tribunales en los tiempos actuales y valerse de herra­mientas de gestión que se apliquen en su quehacer diario cons­tituye una responsabilidad de quienes laboran en el sector, en su condición de garantes de la tutela judicial efectiva. La gestión de la calidad, conforme con la norma ISO 9001:2015, aporta a esa pers­pectiva. El presente trabajo se aproxima al enfoque cubano sobre tal cuestión, en contraste con otras experiencias, fuera de las fron­teras nacionales.
Transparencia y acceso a la información: Derecho y desafío
El cumplimiento efectivo de los principios de transparencia y acceso a la información permite un mejor control sobre las actuaciones ju­diciales y promueve la eficiencia y eficacia de la impartición de jus­ticia, lo que hace imprescindible fortalecer el régimen jurídico que los instrumenta. El presente artículo se acerca al tratamiento del tema en el Sistema Judicial cubano. Para ello, parte del desarrollo histórico-conceptual de ambas máximas, estudia los textos consti­tucionales de países como México, Colombia y Venezuela, analiza, en detalle, la normativa vigente y valora los desafíos actuales y las posibles estrategias de mejora, dada la importancia de contar con contenidos accesibles, excepciones y límites bien definidas, como garantía del buen funcionamiento judicial.
El secuestro de bienes a la luz del Derecho civil cubano
El secuestro de bienes, a la luz del Derecho civil cubano, es asumido como una medida cautelar, sin que la norma sustantiva de esa ma­teria haga alusión a ello. La investigación presenta el tratamiento doctrinal y normativo que ha recibido el secuestro convencional, en varios países, considerado un contrato de custodia. Ante la in­suficiente regulación de la institución en el ordenamiento jurídico patrio, el trabajo indaga si sería factible incorporar tal perspectiva en Cuba. El empleo de varios métodos científicos permitió obtener una sistematización doctrinal, histórica y comparada del secuestro de bienes, realizar el diagnóstico de sus insuficiencias a nivel na­cional y construir una propuesta, en el orden teórico, que pueda incorporarse al Código civil.
El control judicial de la inactividad administrativa
La vinculación de la Administración pública a los principios de supre­macía constitucional y legalidad impone a esta la actuación debida, en concordancia con el papel que ha de desempeñar en un contexto de responsabilidad social, cual exigencia real y concreta para que la actuación pública, al servicio de la ciudadanía, responda a los princi­pios constitucionales de eficacia y eficiencia. Cuando ella no lo hace o se mantiene inmóvil, conculca tales máximas, esenciales para una buena administración, como mecanismo por medio del cual el Es­tado materializa su compromiso con la sociedad, y asegura que los recursos y servicios públicos se gestionen de manera eficiente, en beneficio de todos los ciudadanos. El Derecho ofrece herramientas procesales a los ciudadanos para combatir la pasividad administra­tiva, las que, en el ámbito nacional, se encuentran reguladas en los artículos 38 y 49 de la Ley del proceso administrativo que, aunque perfectibles, significan un avance en la protección jurídica. Este tra­bajo se acerca, críticamente, a los contenidos de dichos preceptos.
La Constitución de la República de Cuba de 2019 marcó un hito para el ordenamiento jurídico cubano, especialmente, en el ám­bito penal, que ha experimentado una profunda transformación. De cuantas autoridades intervienen en los asuntos de esta natu­raleza, son los jueces quienes afrontan los mayores desafíos. En el ejercicio de su función de impartir justicia, el juez penal se erige en uno de los principales garantes del cumplimiento del debido proceso, ahora reconocido, de modo explícito, en el texto supre­mo. Esto ha supuesto un importante reto para la actividad judicial, que debe readecuar sus métodos para hacer frente a los constan­tes y complejos retos que entraña este nuevo escenario y contri­buir a consolidar la seguridad jurídica que demanda la sociedad cubana. Este artículo tiene el objetivo de analizar los fundamen­tos teórico-jurídicos para la actuación del juez, como garante de derechos, en el proceso penal del presente. Para ello, emplea la metodología cualitativa, los métodos teóricos de análisis-síntesis, inducción-deducción, y la técnica de revisión de documentos. Los resultados contribuyen al cumplimiento de los estándares en los que se sustenta el servicio judicial en Cuba: una justicia efectiva y transparente.
Dictamen pericial por imprudencia médica: Desafíos y perspectivas
Este estudio examina, críticamente, la Resolución No. 458 de 2019, del Ministerio de Salud Pública de Cuba, instrumento jurídico que regu­la el funcionamiento de las comisiones periciales, ante casos de pre­sunta imprudencia médica con resultados fatales o lesivos, y, aunque representa un avance normativo significativo, presenta limitaciones relevantes en su diseño institucional, sus procedimientos operativos y la delimitación de competencias, lo que fundamenta la necesidad de acometer reformas legislativas en tal ámbito, para mejorar su eficacia y adecuación al sistema de justicia penal.
A propósito de la aplicación judicial de los tratados
La teoría de la argumentación jurídica dota las decisiones judiciales de coherencia y racionalidad, y resulta indispensable para que los jue­ces, en el ejercicio de su función constitucional, cumplan el rol que les toca desempeñar en la seguridad jurídica, dado el impacto que tienen sus decisiones en la sociedad. Quienes juzgan deben fundamentar las resoluciones en valores, principios y normas; para ser eficaces, ade­más, ellas han de ser racionales y motivadas. Esto implica describir el proceso seguido y justificar, adecuadamente, el criterio adoptado, en cumplimiento del principio de legalidad. En la actualidad, es necesario identificar los puntos comunes entre los tratados de Derecho penal y las normativas nacionales, así como los aspectos que limitan la utili­zación de los contenidos de aquellos en las sentencias que se dictan en este ámbito. El estudio se centra en tales aspectos, en la medida en que la correcta aplicación de los citados instrumentos internacionales incide, de forma positiva, en la calidad argumentativa de las decisiones judiciales.
Justicia con lentes violeta: Pautas para rescribir sentencias
La perspectiva de género es una herramienta metodológica que ayuda a comprender cómo las sociedades construyen roles, com­portamientos y atributos, asociados a hombres y mujeres, y los re­producen, por lo cual dicho enfoque resulta crucial para abordar la violencia de género, en atención al vínculo que ella tiene con la desigualdad y las estructuras sociales que la perpetúan; en particu­lar, relacionarlo con el delito de asesinato es fundamental para juz­gar la dimensión más extrema y trágica de esta problemática social. El presente estudio se dirige a sistematizar tal relación, en su di­mensión teórica e histórica, y centra la mirada en la argumentación judicial, para poner de relieve los principales aciertos y desaciertos que se identifican en las sentencias analizadas, correspondientes a 2024. Sobre esta base, se ofrecen recomendaciones y propuestas de directrices argumentativas, con visión de género, para la mejora continua de la práctica judicial cubana.
Tercera edad y privación de libertad en clave de género
Los instrumentos jurídicos internacionales protegen a la mujer frente a toda clase de discriminación, en especial, cuando, a su condición de género, se adicionan otros factores de vulnerabilidad, como pueden ser el envejecimiento y la privación de libertad, que repercuten en el ejercicio de sus derechos como ser humano. La interseccionalidad que se produce por la confluencia de esas tres causas (género-tercera edad-privación de libertad) motiva las re­flexiones y propuestas del presente artículo, en el que se explora la reforma jurídico-penal, llevada a cabo en Cuba, a partir de la Constitución de 2019. La especial mirada, desde la perspectiva de género, a las regulaciones sustantiva, procesal y ejecutiva, en ese ámbito, permite identificar brechas en el tratamiento a las mujeres de la tercera edad que cumplen sanciones privativas de la libertad y fundamentar los presupuestos teóricos y jurídicos que deben sus­tentar su protección. A la vez, se abre la puerta a futuros estudios acerca de los estándares criminológicos, normativos y judiciales que han de servir de base a la tutela de este grupo etario, según sus propias características.
ejecución de sanciones privativas de libertad
Acceso a la justicia de las personas privadas de libertad
Las 100 Reglas de Brasilia reconocen la privación de libertad como causa de vulnerabilidad y compulsan a los Estados parte para que adopten me­didas, dirigidas a asegurar el acceso a la justicia de quienes se encuentren en tal condición. Poder dirigirse a los órganos de justicia, en la vía admi­nistrativa o judicial, es esencial para que las personas ejerzan sus derechos humanos, reconocidos por la Constitución y las leyes. El presente artículo se acerca a esta temática y, mediante el método exegético, demuestra la existencia de instrumentos de la ONU que fortalecen el acceso a la justicia del segmento poblacional citado, con una mirada especial ha­cia las personas en quienes concurren, además, otras situaciones de vulnerabilidad (mujeres, niños, discapacitados y adultos mayores) y su materialización en el Derecho interno de Cuba. De igual manera, se aborda la obligación de los operadores de los sistemas judiciales iberoamericanos de garantizar la equidad e igualdad procesal para di­chos sujetos, por su implicación en la consecución de los ODS, especí­ficamente, el 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), en la construcción de sociedades inclusivas.
Estado de Derecho socialista: Reconstrucción desde un nuevo paradigma
El presente artículo analiza el Estado de Derecho socialista como un paradigma jurídico con una lógica institucional y unos funda­mentos ideológicos distintos a los del modelo occidental; sostiene que esta divergencia no representa un mero retraso, sino una di­ferencia conceptual profunda sobre el propósito del Derecho y el rol del poder estatal. Se examinan las características estructurales de este sistema, con destaque a la dirección unificada del partido gobernante, como garantía de estabilidad y eficiencia ejecutiva, en contraste con la fragmentación que puede surgir en sistemas multipartidistas. El estudio explora cómo la soberanía popular se expresa por medio de la representatividad de clase y los intereses colectivos, a la vez que se procura una sinergia entre el gobierno por la virtud y el imperio de la ley. A diferencia de la separación de poderes, el modelo socialista prioriza una división funcional de competencias para asegurar la cohesión y la capacidad de res­puesta. El texto concluye abogando por superar la perspectiva occidental única y adoptar un enfoque pluralista para reinterpretar las posibilidades teóricas del Estado de Derecho socialista y situarlo como una alternativa legítima en el discurso jurídico global, que fomente el diálogo entre las civilizaciones jurídicas.
Sobre el amparo y las claves que lo guardan
El texto sistematiza la regulación contenida en la Ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales cubana, institución pro­cesal concebida para la tutela de derechos constitucionales y cuyo propósito es permitir que estos puedan ser defendidos en sede judi­cial de manera efectiva, lograr su restitución y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, sean aquellos materiales o morales. Se explican los presupuestos del juicio de admisibilidad de la deman­da, los casos para los cuales está previsto el proceso, la naturaleza y los fundamentos de su tramitación en sede judicial, la intervención de las partes y los aspectos relacionados con la legitimación y la postulación procesales. Se relacionan, además, elementos esencia­les sobre la demanda, contestación, audiencia y sentencia, incluida la impugnación de esta y su ejecución. Por último, se hace especial referencia a la significación jurídico-social de la vulneración alegada, criterio legal que condiciona la admisión de la demanda.
significación jurídico-social de la vulneración
A Juan Ramón Rodríguez Gómez, in memoriam
Calidad en la justicia: Miradas desde el derecho comparado
Coadyuvar al mejoramiento y la estabilidad de la calidad, la eficiencia y la productividad, y elevar, con ello, la competitividad de la producción y los servicios, propiciar la protección a los consumidores e incremen­tar la disciplina en el cumplimiento de los documentos normativos son algunas de las directrices del trabajo por la calidad, reconocidas en la Política de normalización, metrología, calidad y acreditación, aproba­da en Cuba. El sector público debe asumir procesos estratégicos de transformación y modernización que se dirijan a la especialización y mejora continua de los servicios, con el ciudadano como centro del modelo de gestión, reto que está presente en la impartición de jus­ticia. El objetivo de este trabajo es referir los resultados del análisis comparado realizado entre los sistemas de gestión de la calidad que emplean los enfoques de la norma ISO 9001:2015 en los servicios de justicia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (Perú), el Tribunal Superior de Justicia de Argentina, los sistemas de justicia de Colombia y República Dominicana, y el Tribunal Supremo Popular de Cuba, para identificar los elementos comunes y las diferencias entre ellos.