El control judicial de la inactividad administrativa
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Resumen
La vinculación de la Administración pública a los principios de supremacía constitucional y legalidad impone a esta la actuación debida, en concordancia con el papel que ha de desempeñar en un contexto de responsabilidad social, cual exigencia real y concreta para que la actuación pública, al servicio de la ciudadanía, responda a los principios constitucionales de eficacia y eficiencia. Cuando ella no lo hace o se mantiene inmóvil, conculca tales máximas, esenciales para una buena administración, como mecanismo por medio del cual el Estado materializa su compromiso con la sociedad, y asegura que los recursos y servicios públicos se gestionen de manera eficiente, en beneficio de todos los ciudadanos. El Derecho ofrece herramientas procesales a los ciudadanos para combatir la pasividad administrativa, las que, en el ámbito nacional, se encuentran reguladas en los artículos 38 y 49 de la Ley del proceso administrativo que, aunque perfectibles, significan un avance en la protección jurídica. Este trabajo se acerca, críticamente, a los contenidos de dichos preceptos.
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